Hasta hace 20 años, el servicio de agua se prestaba en Colombia en dos formas de acuerdo con el tamaño del municipio: en las ciudades grandes e intermedias, mediante empresas públicas municipales, y en el resto del país, por medio de entidades descentralizadas de orden nacional, como el Instituto Nacional de Fomento Municipal 'Insfopal' o el Instituto Nacional de Salud, coordinador del Programa de saneamiento básico rural. Fue entonces cuando con el decreto ley 77 de 1987 (en el marco de descentralización que vivía el país) se liquidaron el Insfopal y el programa mencionado, a la vez que se trasladó al municipio la responsabilidad de prestar directamente el servicio.
Comenzó en esos momentos la llamada 'primera generación' de privatizaciones en el sector del agua.
Esto se refiere al grupo de municipios que fueron pioneros en privatizar la gestión: Montería, Barranquilla, Santa Marta y Florencia. Allí se crearon empresas mixtas entre el municipio y diversos empresarios, como socios. Estos accionistas privados eran pequeños y medianos inversionistas locales. El resultado de esta mezcla fue negativo, hubo problemas políticos y mala gestión.
En 1991, la nueva Carta constitucional del país ratificó el proceso de descentralización y separó las actividades de prestación de servicios, de las acciones de regulación y control. Las primeras quedaron en manos de los municipios y las segundas en las del gobierno central.
Tres años después, la ley 142 impulsó el nuevo marco legal y desarrolló los fundamentos para promover la participación del sector privado y la competencia en la prestación de los servicios.

/// Gran parte de esta información se encuentra contenida en el Conpes 3253 de noviembre de 2003.

La participación de las empresas mixtas de agua en las ciudades principales de la Costa Atlántica puede analizarse y valorarse de diversas maneras: por el rendimiento financiero de esas empresas, por la 'ampliación' y 'continuidad' del servicio de agua y saneamiento básico, por los balances que hacen las empresas en sus informes y páginas web, etcétera. Sin embargo, el contacto con la cotidianidad y las realidades de los más empobrecidos en los sectores populares y marginales de ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Montería o Cartagena incitan a evaluar la participación de estas empresas desde el enfoque de los afectados por la falta de acceso al agua y las irregularidades que se cometen en la prestación del servicio. Este aspecto está ausente en los informes de gestión que publican las empresas e instituciones como el Banco Mundial.